En un giro histórico para el sistema judicial mexicano, la Corte Suprema, encabezada por la ministra Norma Piña, ha validado una controvertida reforma impulsada por el partido gobernante, Morena, que permitirá elegir jueces y magistrados mediante voto popular. Esta decisión ha suscitado críticas hacia Piña, quien es señalada por su aparente impericia política y falta de control durante un debate crucial. Aunque no fue directamente responsable de la reforma, su gestión fue cuestionada por no presentar una alternativa oportuna y por involucrarse en situaciones incómodas con figuras políticas. La sesión, considerada por Piña como crucial, finalizó sin los discursos profundos que podrían haber resonado en la historia, dejando a muchos con un sentido de oportunidad perdida.
La votación reflejó divisiones internas, con el ministro Alberto Pérez Dayán inclinado a favor de la reforma, lo que descolocó a Piña y subrayó su falta de mando en un momento crítico. Sus intentos de cuestionar el proceso fueron calificados como desesperados, exacerbando la sensación de agotamiento en su liderazgo. Este desenlace ha dejado a la Suprema Corte expuesta a una captura política anticipada, especialmente por integrantes afines al oficialismo como Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. La sesión finalizó sin un cierre digno, presagiando un futuro incierto para el poder judicial del país, ahora bajo la sombra de intereses electorales y el resurgimiento de llamados para que Piña deje la presidencia de la Corte.
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