El presidente Donald Trump ha generado polémica al intervenir por medio de redes sociales para que el Departamento de Justicia estadounidense impute al exdirector del FBI, James Comey. A pesar de las recomendaciones de fiscales que no encontraron pruebas suficientes para proceder, la administración de Trump, especialmente a través de la nueva fiscal del distrito judicial Este de Virginia, Lindsay Halligan, busca llevar a cabo esta imputación antes de que el presunto delito prescriba. Halligan, conocida por su lealtad al mandatario y su falta de experiencia judicial, fue designada tras la dimisión de su predecesor, Eric Siebert, quien había concluido que no había fundamento para los cargos.
Las posibles acusaciones contra Comey se centran en la supuesta comisión de perjurio durante una declaración ante el Congreso en 2020, relacionada con las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Este movimiento por parte del gobierno de Trump se percibe como una vendetta personal, destacando en sus recientes declaraciones el deseo de perseguir judicialmente también al senador demócrata Adam Schiff y a la fiscal de Nueva York, Laetitia James, quienes previamente habían desafiado al presidente. Sin embargo, el Departamento de Justicia enfrenta críticas respecto a estas acciones que podrían violar el principio de separación de poderes.
Leer noticia completa en El Pais.
