La burocracia generada por las distintas legislaciones autonómicas en España provoca una pérdida del 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB), equivalente a aproximadamente 55.760 millones de euros, según un informe del Instituto Juan de Mariana. La multiplicidad normativa genera obstáculos para las empresas españolas y extranjeras que operan en el país, afectando la heterogeneidad del mercado y dificultando el desarrollo de nuevos proyectos. Las comunidades autónomas son responsables de la mayoría de las normativas, lo que crea diferencias significativas en el marco regulatorio entre regiones. Cataluña lidera en cantidad de regulaciones, representando el 12% del total, y se encuentra entre las regiones con mayor carga burocrática, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. En contraste, el País Vasco, Madrid y La Rioja disfrutan de una mayor libertad regulatoria. El informe sugiere que si comunidades como Andalucía y Cataluña redujeran su ritmo normativo al nivel de Madrid o País Vasco, se podría observar un aumento del empleo y del número de empresas, subrayando la necesidad de unificar leyes para mejorar el entorno económico.
El panorama burocrático no solo se complica a nivel nacional, sino también en el contexto europeo. La complejidad y fragmentación regulatoria dentro de la Unión Europea genera problemas similares a los observados en el ámbito autonómico, imposibilitando la existencia de un verdadero mercado único y resultando en pérdidas económicas significativas. La suma de los costos derivados de estas barreras asciende a 90.000 millones de euros, lo que supone 4.660 euros por hogar español. Tanto la estructura normativa europea como la autonómica tienen un impacto paralelo en la economía española, sumando un considerable costo operativo para las empresas. Esta situación demanda una reflexión profunda por parte de los legisladores españoles y europeos para abordar las disparidades y disminuir el impacto económico negativo que supone una excesiva regulación.
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