Recientemente, se ha suscitado una controversia en torno a la anulación de los ascensos de tres mandos de la Guardia Civil, una decisión que ha generado debates sobre la rectitud del proceso administrativo involucrado. El abogado que representa a estos funcionarios ha asegurado que sus clientes no son responsables del «ilegal proceder de la Administración,» desvinculándolos de cualquier práctica incorrecta en el ascenso cancelado. La defensa subraya que los oficiales afectados han mantenido siempre un comportamiento profesional intachable y que la irregularidad radica, según su argumento, en la gestión administrativa de sus promociones.
Este caso emerge en un contexto en el que se cuestiona la transparencia y legalidad de algunos procedimientos administrativos dentro de la Guardia Civil. La declaración del abogado intenta no solo proteger la integridad de los tres mandos involucrados, sino también llamar la atención sobre posibles fallos sistemáticos dentro de la estructura administrativa. A la espera de una resolución o un pronunciamiento oficial sobre el caso, el debate se centra en cómo estos errores burocráticos pueden afectar la carrera y reputación de oficiales que han servido con dedicación.
Leer noticia completa en El Mundo.
