El Tribunal Constitucional ha respaldado la ley de amnistía, 392 días después de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Este fallo se produjo tras un debate marcado por la división entre magistrados progresistas y conservadores, y la notable ausencia de dos miembros del Pleno en el proceso. A pesar del recurso presentado por el Partido Popular, la mayoría de los seis magistrados progresistas, liderados por Cándido Conde-Pumpido, aprobó la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que recibió solo «retoques estéticos» en su contenido.
La sentencia, que desestima en gran medida el recurso del PP, refleja la tensión entre los bloques ideológicos del Tribunal. A pesar de los intentos de los magistrados conservadores de plantear un recurso prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la ley con el derecho europeo, la mayoría progresista se opuso, sosteniendo que la Constitución permite las amnistías. Este desacuerdo pone de manifiesto las diferencias profundas en la interpretación constitucional entre ambos grupos, con los conservadores argumentando que las amnistías, al igual que los indultos generales, deben ser consideradas prohibidas.
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