El Tribunal Constitucional de España comenzará a deliberar sobre la «ley trans», la cual regula el cambio registral de sexo basado en la autodeterminación personal. Esta legislación, aprobada hace dos años, generó tensiones significativas dentro del movimiento feminista, el Gobierno y los partidos políticos debido a su propuesta de cambiar de nombre y sexo en el DNI sin mayores trabas legales. El tribunal analizará un borrador que respalda gran parte de la ley, argumentando que no discrimina a las mujeres sino que amplía derechos sin crear desigualdad entre mujeres cis y trans. Sin embargo, aún persisten desacuerdos internos entre los magistrados del tribunal, lo que podría retrasar la decisión final.
Fuentes cercanas al tribunal indican que existen reservas dentro del sector progresista, y un potencial rechazo del bloque conservador, que podrían impedir la aprobación del borrador propuesto por el magistrado Juan Carlos Campo. Este proyecto solo considera inconstitucionales dos apartados relacionados con sanciones por discriminación. El recurso del Partido Popular se desestima en su mayoría, a excepción de precisiones sobre intervenciones genitales en menores. El tribunal enfatiza que su rol es garantizar la conformidad con la Constitución, sin juzgar alternativas que el legislador pudo considerar en pro de derechos humanos fundamentales. La Abogacía del Estado apoya rechazar el recurso, defendiendo que la ley no vulnera principios constitucionales.
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