El Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles declarar inconstitucional la reforma del reglamento del Senado promovida por el Partido Popular en noviembre de 2023. Esta modificación permitía al Senado extender el plazo de tramitación de proposiciones de ley urgentes —como la ley de amnistía relacionada con el procés independentista— de 20 días a dos meses, bloqueando de facto la rapidez que requiere el carácter de urgencia declarado por el Congreso. Esta medida fue criticada por el PSOE, que interpuso un recurso argumentando que la reforma violaba el artículo 90.3 de la Constitución, el cual establece un periodo máximo de 20 días para que el Senado ejerza sus funciones legislativas respecto a proyectos declarados urgentes por el Congreso. El tribunal, con un fallo favorable de la mayoría progresista y el voto a favor del conservador César Tolosa, ha respaldado la posición del PSOE, invalidando así la reforma del PP al considerar que contravenía la estructura legislativa diseñada por la Constitución, donde el Congreso mantiene un papel preeminente.
Mientras el Partido Popular ha reconocido el fallo, ha respondido enérgicamente aludiendo a una supuesta «colonización de las instituciones» por parte del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, omitiendo el voto de Tolosa que resultó crucial para el resultado. Por su parte, el PSOE ha respaldado la decisión del Constitucional, subrayando la necesidad de rigor y sentido común en la normativa legislativa. Según el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, el fallo refuerza el papel del tribunal en corregir lo que considera abusos legislativos del Partido Popular. La sentencia subraya que el término “proyectos” del artículo 90 de la Constitución debe incluir tanto iniciativas de origen gubernamental como parlamentario, implicando que ninguna de ellas debe ser diferenciada en cuanto a la tramitación de urgencia, salvo por decisión conjunta del Congreso y el Gobierno. Con este fallo, el Constitucional reafirma su compromiso de preservar la coherencia legislativa y la jerarquía constitucional frente a maniobras que puedan alterar el equilibrio de poder entre las cámaras legislativas.
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