El Tribunal Constitucional de España ha decidido a favor del recurso interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra una ley de la Comunidad de Madrid que regulaba la protección contra la LGTBIfobia. Esta ley impedía a las asociaciones LGTBI el derecho a personarse como partes interesadas en procesos penales y administrativos sancionadores, lo que llevó al Gobierno central a cuestionar su constitucionalidad. La sentencia redactada por el magistrado Ramón Sáez fue aprobada con el voto en contra de solo uno de los 12 magistrados del pleno del tribunal. La normativa, defendida por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, fue inicialmente aprobada en diciembre de 2023 con el respaldo del Partido Popular y Vox, aunque tras el recurso gubernamental presentado en junio de 2024, recibió suspensiones cautelares por parte del Constitucional.
El recurso, respaldado por el órgano de garantía, concluyó que la ley madrileña invadía competencias exclusivas del Estado, según informaron fuentes judiciales. A pesar de una propuesta de reforma por parte del Partido Popular en la Comunidad de Madrid para abordar los puntos controvertidos y adecuar la ley a las exigencias del tribunal, la tramitación se ha detenido por completo, sin haberse llevado a pleno hasta la fecha. Varios magistrados conservadores intentaron retrasar la deliberación sobre la normativa LGTBI, pero sin éxito. Tras cinco meses de espera, el debate se reanudó, resultando en la ratificación del recurso del presidente Sánchez mediante un contundente respaldo entre los magistrados del Tribunal Constitucional.
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