En el seno del Consejo Fiscal, la mayoría de sus miembros ha solicitado la dimisión de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un presunto caso de revelación de secretos. La votación reflejó una división de siete a cuatro en favor de que García Ortiz deje su cargo, con el argumento de que su continuidad podría afectar la credibilidad de la institución. No obstante, García Ortiz defiende su permanencia, argumentando que su decisión de no dimitir responde al deber de informar sobre asuntos relevantes para la ciudadanía y que considera que su continuidad es la opción menos perjudicial para la estabilidad del Ministerio Fiscal.
Por su parte, los vocales de la Asociación de Fiscales han manifestado respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, aunque también han instado a una reflexión profunda acerca de si es apropiado que el líder del Ministerio Fiscal continúe en el cargo mientras se encuentra bajo investigación. Este caso plantea cuestiones sobre la ética y la confianza pública en la institución, generando un debate sobre la idoneidad de que el máximo representante del Ministerio enfrente posibles responsabilidades penales relacionadas con su función. La situación sigue en desarrollo y se espera una ampliación de esta noticia con más información.
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