La jornada política de este martes está centrada en la desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que será aprobada por el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros. Este anuncio, realizado previamente por el presidente Pedro Sánchez, ha sido calificado por el Partido Popular como una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de las dificultades y controversias que enfrenta el Gobierno y el PSOE. En el mismo encuentro, se espera que se establezca un límite al gasto en publicidad institucional en los medios de comunicación, fijando un máximo del 35% de los ingresos, lo que podría tener un amplio impacto en el sector mediático.
En el ámbito local, el Ayuntamiento de Móstoles, en Madrid, celebra un pleno extraordinario debido a la grave denuncia de acoso sexual y laboral presentada contra el alcalde Manuel Bautista, miembro del Partido Popular, por una exconcejala. Este caso ha generado una gran expectación mediática y política. En paralelo, en el ámbito judicial, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros integrantes de la denominada «policía patriótica» prestan declaración en el juicio contra el clan Pujol. La defensa de la familia Pujol busca anular el proceso al alegar que está viciado por una operación ilegal contra el movimiento independentista catalán, una maniobra que pone de relieve las complejidades políticas y judiciales en torno al caso.
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