El Consejo de Europa ha manifestado su preocupación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir el 25% de la docencia en castellano en todas las aulas del sistema educativo catalán. El organismo considera que esta decisión contraviene los compromisos que España asumió al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales en 2001, poniendo en peligro la promoción y protección de lenguas como el catalán en diversas comunidades autónomas. El informe sugiere que la aplicación de esta sentencia no solo afecta a Cataluña, sino que podría impactar de manera similar en Baleares y que la reciente reforma educativa en la Comunidad Valenciana representa otra preocupación.
El Consejo de Europa insta a las autoridades españolas a tomar medidas para remediar esta situación, argumentando que algunas decisiones judiciales nacionales pueden limitar la libertad de circulación europea al restringir el uso de lenguas regionales. El anterior gobierno de la Generalitat, liderado por Pere Aragonès, recurrió la sentencia, mientras que el actual presidente, Salvador Illa, no se ha pronunciado recientemente sobre este asunto. Sin embargo, el acuerdo de gobierno entre los socialistas y Esquerra Republicana subraya la intención de defender el catalán como lengua vehicular en el sistema educativo, aunque el texto no menciona explícitamente la implementación de la sentencia del TSJC.
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