El organismo continental ha manifestado su preocupación sobre las recientes políticas lingüísticas adoptadas por España, argumentando que estas medidas «infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales». La denuncia señala que las acciones del gobierno español podrían poner en riesgo el reconocimiento y la sostenibilidad de lenguas como el catalán, el gallego y el euskera, las cuales forman parte integral del patrimonio cultural y lingüístico del país.
La crítica se centra en la falta de apoyo y promoción activa de estas lenguas en diversos ámbitos, incluyendo la educación, los medios de comunicación y la administración pública. Según el organismo continental, estas deficiencias no solo contravienen los acuerdos internacionales firmados por España, sino que también podrían llevar a una erosión progresiva del uso y la vitalidad de estas lenguas regionales. En respuesta, se insta al gobierno español a tomar medidas efectivas y concretas para asegurar la protección y promoción de estas lenguas, garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y preservando la diversidad cultural del país.
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