El Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, que beneficia actualmente a 2,2 millones de personas, está bajo escrutinio europeo tras una denuncia aceptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. La Autoridad Fiscal considera que esta cifra representa solo la mitad de los posibles beneficiarios, con 720,000 hogares recibiendo la ayuda. La denuncia, presentada por ATD Cuarto Mundo, argumenta que la regulación del IMV contraviene la Carta Social Europea al no llegar a todos los necesitados. La aceptación de este caso, impulsada por colectivos y personas afectadas, pone en entredicho las afirmaciones del Gobierno sobre la eficacia de la ayuda y llama a revisar su compatibilidad con las rentas autonómicas.
Los problemas denunciados incluyen incompatibilidad del IMV con ingresos laborales, procedimientos largos para su concesión, y la no consideración de gastos de vivienda en su cuantía. Además, se critica la coordinación deficiente entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, lo que afecta la protección de los beneficiarios. Se espera que el Comité Europeo tome una decisión en los próximos meses, mientras el Gobierno español deberá presentar sus alegaciones. La denuncia también busca la suspensión de procedimientos de cobros indebidos, que están endeudando a beneficiarios. La ONG sostiene que los más afectados son hogares con discapacitados, niños, y familias vulnerables, exponiendo la ineficacia del sistema actual.
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