El organismo internacional ha hecho público un informe sobre España que el Gobierno había mantenido bloqueado durante más de 16 meses. El documento se centra en diversos aspectos de la situación política y económica del país, reflejando preocupaciones en torno a la eficiencia de las instituciones y el cumplimiento de los estándares democráticos. La publicación del informe llega en un momento crucial, ya que el retraso en su divulgación había generado especulaciones sobre posibles tensiones e intentos de ocultar información sensible. Este documento, considerado crucial, ofrece una visión detallada de los retos que enfrenta España, resaltando áreas que requieren atención inmediata por parte del Ejecutivo.
En un segundo texto, el organismo expresa su inquietud ante la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. Esta preocupación se suma a las críticas sobre la independencia y la transparencia de las instituciones judiciales en el país. Según el informe, la influencia política en el CGPJ amenaza con socavar la confianza pública en la justicia y el equilibrio de poderes. Esta situación ha generado un llamado para que se tomen medidas que garanticen la independencia judicial, un pilar esencial para el funcionamiento democrático. A medida que se intensifican los debates políticos en torno a esta cuestión, el informe insta al Gobierno español a revisar sus prácticas y legislar de manera que se fortalezca la autonomía del poder judicial.
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