El inicio de la semana en Colombia ha experimentado un cambio significativo con la decisión del Consejo de Estado de prohibir la transmisión televisiva de los Consejos de Ministros del presidente Gustavo Petro en canales privados, locales y regionales. Esta práctica, implementada desde febrero con la intención de promover la transparencia gubernamental, había generado controversia por parte de algunos sectores que consideraban que los debates internos del gabinete deberían permanecer privados. La decisión judicial responde a una acción legal de una ciudadana que argumentó que tales transmisiones unificaban el contenido en todos los canales y limitaban el acceso a una programación diversa, violando su derecho fundamental a recibir información variada y contrastada. Sin embargo, la sentencia permite que los consejos sigan siendo transmitidos en los canales públicos nacionales, Señal Colombia y Canal Institucional.
La resolución judicial ha desatado reacciones encontradas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la administración impugnará la decisión, argumentando que se está violando la Ley 182 de 1995 y que la medida priva a millones de colombianos de acceder a información esencial. Por su parte, el presidente Petro expresó en redes sociales que la decisión es una forma de censura y una muestra de sesgo político contra su gobierno progresista. Petro comparó la situación con el programa diario del expresidente Iván Duque durante la pandemia, sugiriendo que este no fue objeto de restricciones similares. Además, el mandatario criticó el hecho de que la determinación parece favorecer a medios privados controlados por grandes grupos empresariales, cuestionando así el supuesto pluralismo mediático amparado en la constitución.
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