Hace dos años, la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de América (RISAA) fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos, introduciendo algunas modificaciones a la controversiada Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Pese a las críticas sobre ciertas expansiones de la legislación, esta medida fue vista como un triunfo para los defensores de libertades civiles, ya que impuso una restricción temporal de dos años, permitiendo al Congreso continuar debatiendo la necesidad de requerir una orden judicial para investigaciones que involucren a ciudadanos estadounidenses, junto con otras reformas esenciales.
Sin embargo, el impulso reformador del Congreso parece haberse estancado. Actualmente se contempla una extensión del programa sin incluir las reformas necesarias que muchos consideran de sentido común. Una de las principales críticas es la falta de exigencia para obtener un mandato judicial antes de acceder a los datos de estadounidenses recolectados sin una orden judicial. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha confirmado que “el plan es avanzar con una extensión limpia de la FISA… por al menos 18 meses”.
Esta postura ha generado cierta desilusión, especialmente a la luz de las recientes declaraciones de Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara y previamente defensor de un requerimiento de orden judicial y del cierre de la brecha de datos de los corredores de información. Sorprendentemente, Jordan ha señalado que apoyaría una extensión limpia de la FISA, argumentando que las modificaciones introducidas por la RISAA son suficientes, al menos por el momento.
No debe olvidarse que la RISAA, en esencia, reafirmó un programa de vigilancia masiva que ha sido objeto de numerosas críticas por su historial de abusos. Antes de su reautorización en 2024, la Sección 702 había sido utilizada indebidamente para llevar a cabo consultas inapropiadas sobre manifestantes pacíficos, legisladores, personal del Congreso, donantes de campañas, periodistas, y un juez que informaba sobre violaciones de derechos civiles por parte de la policía local. Con la RISAA, el gobierno amplió significativamente su capacidad para obligar a un grupo mucho más amplio de personas y proveedores a colaborar en estas actividades de vigilancia, representando así un retroceso para los derechos constitucionales y la privacidad de los estadounidenses.
La reautorización de la Sección 702 debe entenderse como algo más que una mera formalidad; es una decisión que no debería llevarse a cabo sin la introducción de nuevas salvaguardias y una supervisión rigurosa. Afortunadamente, existen tres propuestas legislativas en juego que podrían abordar estas preocupaciones: el SAFE, el PLEWSA y el GSRA. Aunque estas propuestas no son perfectas, presentan mejoras significativas con respecto al estado actual y merecen ser seriamente consideradas en lugar de optar por una extensión legislativa sin reformas.
La vigilancia masiva en Estados Unidos, que implica la recolección de enormes cantidades de datos relacionados con comunicaciones de ciudadanos, ha representado históricamente un desafío para los derechos civiles. Fue una problemática desde su autorización secreta por parte del presidente George W. Bush, sin la vigilancia del Congreso ni del poder judicial. Aunque la Sección 702 de 2008 brindó un cierto grado de supervisión, el Congreso ha sido remiso en llevar a cabo las revisiones necesarias a pesar de los cambios significativos ocurridos desde entonces en la NSA, el Departamento de Justicia y el FBI. Ahora más que nunca, la reforma de este sistema es no solo necesaria, sino vital.
