Esta semana, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó con una controversial propuesta que otorgaría al Secretario del Tesoro el poder de despojar a organizaciones sin fines de lucro de su estatus de exención de impuestos, simplemente determinando que estas apoyan al terrorismo. Esta medida ha generado preocupación, ya que podría otorgar una amplia autoridad al gobierno para actuar contra organizaciones disidentes.
La propuesta, parte del proyecto de reconciliación presupuestaria, es una repetición de un proyecto previamente aprobado por la Cámara y rechazado por el Senado tras la oposición de varias entidades, incluyendo la EFF y la ACLU. Se ha hecho un llamado para que esta propuesta sea nuevamente rechazada.
Según críticos de la medida, la misma no está diseñada para combatir el terrorismo, dado que existen ya múltiples leyes que cubren esa función. En cambio, podría limitar la libertad de expresión y disuadir a organizaciones sin fines de lucro de apoyar a grupos desfavorecidos que podrían estar asociados con organizaciones etiquetadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Esta medida podría crear un efecto amedrentador sobre quienes defienden causas sociales como la justicia racial, los derechos LGBTQ y la acción climática.
Además, la propuesta carece de protecciones adecuadas de debido proceso, ya que el Secretario del Tesoro no estaría obligado a revelar las razones para catalogar a una organización como «que apoya el terrorismo». Esto impondría una carga casi imposible a las organizaciones señaladas, ya que tendrían que demostrar su inocencia sin que el gobierno deba justificar la acusación.
Un comunicado respaldado por la ACLU y más de 350 organizaciones ha advertido sobre el riesgo de que este poder se use para silenciar la disidencia política, creando un clima de temor legal que podría llevar al colapso de organizaciones antes de poder defenderse. A pesar de que aplicaciones extensas de esta autoridad podrían no prevalecer en tribunales, el daño reputacional y financiero podría ser irreversible.
La legislación vigente prohíbe que altos funcionarios dirijan investigaciones del IRS por motivos políticos, sin embargo, esta nueva propuesta podría abrir un resquicio legal para actuar contra organizaciones sin fines de lucro, afectando su operatividad en el futuro.
Ante estos posibles impactos, se exhorta a la Cámara a rechazar la propuesta, salvaguardando así la infraestructura cívica y la libertad de expresión que son pilares fundamentales de la sociedad.
