Junts ha manifestado su preocupación al afirmar que las nuevas medidas de regulación lingüística afectarán a todo el territorio nacional, mientras que el Ministerio de Consumo ha respondido que la aplicación de dichas normas se limitará a las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Este desencuentro ha generado un debate sobre el alcance real de la política y su impacto sociolingüístico, destacando la importancia de preservar y promover las lenguas regionales sin imponer obligaciones innecesarias en otras áreas del país.
El Ministerio de Consumo insiste en que las medidas buscan respetar la diversidad lingüística y se centrarán en regiones donde coexisten lenguas oficiales, como Cataluña, el País Vasco y Galicia. Sin embargo, Junts teme que, a pesar de estas aclaraciones, las directrices puedan tener implicaciones más amplias, afectando la homogeneidad del mercado. Esta discrepancia ha avivado la discusión sobre cómo equilibrar el reconocimiento de las lenguas cooficiales con la coherencia normativa a nivel estatal.
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