El Senado mexicano ha aprobado por unanimidad un conjunto de enmiendas significativas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es homogenizar la persecución de este delito en las 32 entidades del país, permitiendo que se investigue de oficio. Las modificaciones incluyen un endurecimiento de las penas, ahora entre 15 y 42 años de prisión, dependiendo de las agravantes. Esto revierte una decisión previa de la Cámara de Diputados, que había suavizado las sanciones. La ley busca combatir formas de extorsión como el cobro de «derecho de piso» y los montachoques, fenómenos que afectan a diversos sectores económicos en México.
El proceso legislativo contó con un apoyo inusitado tanto del oficialismo como de la oposición, reflejando un raro momento de unidad política. No obstante, el debate se ha centrado en la falta de presupuesto específico para implementar la ley, una preocupación vocalizada por la oposición. La panista Guadalupe Murguía y Carolina Vigiano, del PRI, argumentaron que sin recursos adicionales, los nuevos lineamientos corren el riesgo de quedarse en papel mojado. A pesar de estas críticas, el Senado ha enviado el proyecto de vuelta a la Cámara de Diputados para su confirmación final, donde se espera su aprobación sin más modificaciones.
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