La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha impulsado una cruzada para combatir el creciente problema de la extorsión en el país, con la reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, busca establecer un marco legal que permita perseguir este delito en las 32 entidades federativas sin necesidad de una denuncia formal. Entre otras medidas, la ley contempla penas de hasta 25 años de prisión, dependiendo de las agravantes, como respuesta al alarmante aumento de la extorsión. El Gobierno mexicano espera que esta normativa frene la ola de extorsiones, muchas de las cuales se originan desde centros penitenciarios.
La extorsión ha sido identificada como el principal desafío en materia de seguridad para la Administración de Sheinbaum, quien reconoce que no se ha logrado disminuir su incidencia. Esta nueva ley busca atacar todas las facetas de la extorsión, como el cobro de piso que afecta a sectores comerciales y de servicios. Durante el debate legislativo, se destacaron las preocupaciones sobre la falta de denuncias debido al temor de represalias, ejemplificado por el asesinato de Bernardo Bravo, un líder del campo en Michoacán que denunciaba extorsiones. A pesar de la aprobación de la ley, las fuerzas opositoras han señalado la necesidad de recursos adicionales para su correcta implementación, un reto que aún queda por solventar, antes de que la legislación se someta a revisión en el Senado y entre en vigor.
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