El Congreso de México ha aprobado nuevos poderes para la Marina, a través de la promulgación de la nueva Ley Orgánica de la Armada, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida llega en medio de un escándalo de contrabando de combustible, conocido como «huachicol fiscal», que ha empañado la reputación de la institución. Con el apoyo de Morena, PT y PVEM, la ley otorga a la Marina capacidades ampliadas en aeropuertos y aduanas, incluyendo derechos de visita y persecución, así como acciones de registro e inspección en la zona económica exclusiva y en altamar. Estos cambios buscan fortalecer el combate a actividades ilícitas en el ámbito marítimo, aunque han sido criticados por la oposición, que los considera un intento de someter a la Armada a intereses políticos.
La ley ha generado debate y oposición en el Senado, con críticos señalando que podría violar tratados internacionales y carece de controles civiles. Además, establece nuevas facultades relacionadas con la ciberseguridad y la inteligencia artificial. La norma también deroga ordenamientos anteriores y ha sido vista como una centralización del poder en la Armada, pasando por alto mecanismos de mérito. A pesar de las objeciones, el trámite legislativo fue rápido y la ley está a punto de entrar en vigor. El oficialismo defiende la iniciativa como un fortalecimiento del Estado sobre sus mares y ciberespacio, rechazando acusaciones de militarización.
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