La reciente aprobación por parte del Congreso Nacional de Brasil de un controvertido proyecto de ley que modifica significativamente la legislación ambiental ha generado un fuerte rechazo y preocupación entre ecologistas y el Gobierno de Brasil. Este proyecto, considerado como el golpe más severo al marco ambiental en décadas, fue aprobado por una mayoría conservadora. A pesar de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca implementar políticas progresistas, la nueva norma flexibiliza las exigencias de impacto ambiental, permitiendo que se autoricen proyectos potencialmente contaminantes que el Gobierno considere «estratégicos». Además, introduce la posibilidad de una “autodeclaración”, donde los empresarios pueden otorgarse permisos sin una revisión externa adecuada.
La medida, etiquetada por críticos como la “ley de la devastación”, tiene lugar en un contexto crucial para Brasil, que se prepara para la COP30 del clima. Esto podría comprometer su posición como líder en la lucha contra el cambio climático y afectar las negociaciones del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, al reforzar las preocupaciones sobre la deforestación. El movimiento ecologista ha instado a Lula a vetar el proyecto en su totalidad, aunque es más probable que sólo bloquee sus aspectos más problemáticos. Esta situación se da en un clima político tenso, con recientes desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo, como la anulación por parte del Congreso de una subida de impuestos a las transacciones financieras, lo que llevó al Gobierno a acudir al Tribunal Supremo para resolver la disputa.
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