El Partido Popular ha intensificado su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que se convoque un nuevo Debate sobre el Estado de la Nación, algo que no ha ocurrido desde julio de 2022. En un intento por institucionalizar esta práctica, los populares presentaron una proposición de ley en el Congreso destinada a reformar el Reglamento de la Cámara y hacer obligatorio dicho debate cada año, a menos que coincida con elecciones generales. La iniciativa superó su primera votación con el apoyo del Partido Socialista, en concordancia con una promesa similar incluida en el plan de regeneración democrática del Ejecutivo. No se plantearon objeciones de fondo a la propuesta, aunque el debate estuvo cargado de acusaciones cruzadas entre los grupos políticos.
Durante la discusión, Macarena Montesinos, del PP, insinuó que la legitimidad del Gobierno de Sánchez podría estar en entredicho, sugiriendo que su investidura fue más un «negocio corrupto» que un acto democrático. Por otro lado, Pedro Casares del PSOE criticó a Mariano Rajoy por no rendir cuentas durante su mandato, contrastando con la postura del actual Gobierno. Algunos oradores, como Esther Gil de Reboleño de Sumar y Josep Maria Cervera de Junts, desviaron la atención hacia la dinámica del debate parlamentario y la terminología utilizada. Vox y PNV anticiparon enmiendas a la propuesta, centradas en las excepciones electorales y la organización del debate. Mientras tanto, un amplio consenso se observó en torno al concierto económico vasco, salvo la oposición de Vox, cuya enmienda se debatirá próximamente.
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