La Cámara de Diputados de México aprobó reformas constitucionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum que buscan fortalecer la defensa y soberanía del país frente a la clasificación de seis cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de EE. UU. Las reformas, dirigidas a impedir la intervención extranjera y añadir el terrorismo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, modifican los artículos 40 y 19 de la Constitución. Tras una votación alineada del bloque oficialista y una parte de la oposición, las reformas aún requieren la aprobación de al menos 17 congresos locales antes de su promulgación oficial.
El apoyo parcial de la oposición, incluyendo al PAN y MC, refleja tanto una aceptación de la necesidad de proteger la soberanía como un escepticismo hacia lo que algunos ven como medidas populistas. La reforma fue criticada por la oposición, que destaca sus preocupaciones sobre el uso de la reforma para ganar capital político. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso firmemente, calificando las reformas como vacías y argumentando que no abordan adecuadamente la amenaza del crimen organizado. La confrontación política en torno a estas reformas subraya las tensiones internas respecto al manejo de la seguridad nacional y las relaciones con Estados Unidos.
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