La aprobación unánime por parte del Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley, propuesto por el Gobierno, representa un significativo avance en la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurológicas complejas. Este decreto, que destina 500 millones de euros al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y al desarrollo integral de la Ley ELA, establece un nuevo estándar en el cuidado de personas con grados extremos de dependencia, asegurando una atención sanitaria y personal que se considera esencial para su calidad de vida.
El núcleo de esta iniciativa es la creación del Grado III+, diseñado para proporcionar atención personalizada las 24 horas a aquellas personas que se encuentren en las fases más avanzadas de enfermedades incurables y de alta complejidad. Esta nueva categoría de dependencia viene acompañada de una prestación económica que puede alcanzar los 10.000 euros al mes por paciente, cantidad financiada en un 50% por el Estado español, contribuyendo con 4.930 euros mensuales por individuo. Este esfuerzo financiero busca garantizar que cada persona reciba los cuidados necesarios para funciones básicas como respirar o alimentarse, los cuales requieren una atención constante y especializada por parte de un equipo de cinco profesionales por paciente.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha enfatizado el impacto de esta legislación en el proceso de transformación del modelo asistencial en España. Durante el debate en el Congreso, Bustinduy subrayó la importancia de que el sistema público se adapte a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, promoviendo un enfoque de cuidado más cercano y personalizado. Según el ministro, este cambio representa «un paso hacia un sistema que, además de ser más eficiente, responde a las preferencias y deseos de las personas atendidas».
Este compromiso financiero y social se traduce en una histórica inversión en dependencia, elevando el total del gasto público en esta área a 3.729 millones de euros. Además, los esfuerzos del ministerio han sido complementados por fondos europeos, que ascienden a más de 800 millones de euros, destinados a los gobiernos regionales para mejorar los servicios de teleasistencia y aumentar la disponibilidad de plazas tanto residenciales como no residenciales y centros de día.
La estrategia liderada por Bustinduy y su equipo no solo atiende las demandas actuales sino que fija un precedente para futuras reformas en el ámbito de la dependencia y la discapacidad, prometiendo continuar con la restructuración del sistema de cuidados hacia uno más humanizado y digno para todas las partes implicadas. La expectativa creada por esta normativa es que sea el comienzo de un cambio profundo en la percepción y gestión de los cuidados a nivel nacional.
Fuente: Ministerio de Consumo
