Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado medidas legales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, solicitando un acto de conciliación como paso previo a presentar una querella por injurias y calumnias. González Amador alega que las declaraciones de Sánchez, en las que lo calificó de «delincuente confeso» tras la imputación del fiscal general del Estado, vulneran los derechos fundamentales de un ciudadano. Además, ha exigido indemnizaciones de 100,000 euros a Sánchez y 50,000 euros a Bolaños. Este incidente se produce en un contexto complejo de investigaciones judiciales y declaraciones políticas.
El caso de presunto fraude fiscal que involucra a González Amador ha enfrentado retrasos debido a maniobras legales y solicitudes de ampliación de delitos por parte de las acusaciones populares, lideradas por PSOE y Más Madrid. Un acuerdo de conformidad con la Fiscalía había sido elaborado, pero su firma se ha pospuesto en múltiples ocasiones, principalmente debido a peticiones para investigar más a fondo la relación empresarial de González Amador y otros aspectos financieros. Recientemente, la jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado estas solicitudes adicionales, consideradas innecesarias, y se espera que se programe una nueva audiencia para formalizar el acuerdo con la Fiscalía, lo cual podría poner fin a la prolongada investigación judicial.
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