La Oficina Antifraude ha denunciado un caso de presunta falsificación documental que se remonta a 1985, cuando un individuo presentó una fotocopia de una diplomatura que nunca completó para asegurarse un puesto en la Administración. La denuncia pone de relieve cómo la persona implicada supuestamente utilizó documentos forjados para engañar a las autoridades competentes y conseguir una posición laboral que, de otra manera, no habría podido obtener debido a la falta de los requisitos académicos necesarios.
Este descubrimiento ha suscitado preocupación sobre la eficacia de las medidas de verificación y control que existían en la época para prevenir este tipo de irregularidades. La investigación destaca la importancia de robustecer los procesos de certificación académica, no solo para salvaguardar la integridad del sistema educativo, sino también para garantizar que las contrataciones en el sector público se realicen de manera justa y transparente. Las autoridades correspondientes están ahora revisando el caso para determinar las responsabilidades legales que puedan derivarse de este engaño.
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