El Consejo Económico y Social (CES), en su función de asesor del Gobierno en temas socioeconómicos y laborales, ha emitido una opinión mixta sobre el anteproyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Aunque el CES resalta la importancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral, critica al Gobierno por una falta de justificación económica sólida. El organismo destaca la necesidad de adaptar las condiciones laborales a los cambios sociales y tecnológicos, buscando siempre un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades empresariales. Sin embargo, señala que existen diferencias significativas entre las organizaciones representadas respecto al instrumento normativo para alcanzar estos objetivos; mientras las patronales sugieren que la reducción de jornada debería negociarse colectivamente, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo abogan por un cambio legislativo.
Adicionalmente, el CES se pronuncia sobre la implementación de la nueva normativa, que según el criterio del Ministerio de Trabajo, no debería demorarse más allá de diciembre de 2025. El organismo sugiere un marco flexible y un régimen transitorio para permitir una adaptación efectiva de los sistemas organizativos de las empresas. También aborda el tema del registro de jornada, resaltando que debería ser digital e interoperable, respetando las normas de protección de datos, y adaptado a la realidad de sectores como el agrario y pesquero. La crítica más contundente del CES recae sobre la insuficiencia del análisis económico presentado para la reforma, subrayando la necesidad de un estudio más riguroso que contemple los efectos económicos y redistributivos a corto y mediano plazo. Además, el CES expresa su descontento por la falta de tiempo para analizar en profundidad el proyecto, lo que limita su función consultiva.
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