La investigación judicial que se ha prolongado durante siete años en secreto ha puesto en el punto de mira al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a la empresa de asesoría fiscal que fundó, Equipo Económico, por presunta implicación en una red de influencias. La indagación inició en 2018 tras una denuncia anónima relacionada con una empresa gasista, evidenciando la conexión de dicha empresa con Equipo Económico para la obtención de beneficios fiscales a través de reformas legislativas. Las pesquisas, asistidas por los Mossos y la UCO, han desvelado jugadas dentro del Ministerio de Hacienda para proteger intereses del PP, especialmente en la gestión del caso Gürtel, donde intentaron minimizar las implicaciones fiscales del partido por donaciones ilegales.

Entre los descubrimientos más destacados se incluye la batalla interna en la Fiscalía Anticorrupción, donde la fiscal Carmen García intentó volcar correos electrónicos críticos, presumiblemente del ministro. Sin embargo, fue bloqueada por sus superiores, lo que concluyó con un procedimiento sancionador en su contra. Rodrigo Rato, por su parte, acusa a Montoro de haberlo perseguido políticamente, basándose en correos incautados que detallarían una estrategia para justificar acusaciones fiscales. La sentencia actual no solo pone a Montoro y otros altos cargos del Ministerio de Hacienda bajo la lupa, sino que también cuestiona las estrategias de manejo e influencia dentro del gobierno y sus implicaciones en la corrupción política.

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