La Audiencia Provincial de Murcia ha decidido suspender las penas de prisión para cuatro de los trece condenados en el caso de la red de prostitución de menores en la Región de Murcia. Aunque estos empresarios, junto con otros, reconocieron haber pagado por mantener relaciones sexuales con menores de edad, no cumplirán sus condenas en la cárcel debido a un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía en septiembre. Este acuerdo contemplaba una significativa reducción de las penas iniciales, aplicando una atenuante de dilaciones indebidas debido al prolongado tiempo que ha transcurrido desde que se desarticuló la red, hace casi una década. Se determinó que las penas resultantes, al no superar los dos años de prisión, no requerirían el ingreso en un centro penitenciario, siempre que no reincidan ni se acerquen a las víctimas, y participen en programas de reeducación.
El pacto también benefició a otros seis empresarios, quienes evitaron penas más severas. La decisión de la Audiencia generó críticas, especialmente hacia las ‘mamis’ o ‘madames’ de la red, a quienes la Fiscalía sí desea ver tras las rejas. Estas mujeres, acusadas de captar a las menores, aún enfrentan decisiones judiciales pendientes. Ruth K., una de las principales acusadas, mostró arrepentimiento en su declaración, mencionando que trabaja para mantener a su familia en Bolivia. La presión pública sobre el caso sigue aumentando, con la Fiscalía anunciando ya su intención de recurrir algunas de las decisiones de suspensión. Este complejo entramado judicial pone de relieve la sensibilidad y el impacto de casos de delito sexual y la polémica en torno a la aplicación de reducciones de pena bajo atenuantes legales.
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