A partir del 1 de diciembre de 2023, todas las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con 50 trabajadores o más estarán obligadas a implementar un canal de denuncias. Esta medida, que inicialmente puede generar escepticismo, busca fomentar un entorno laboral más ético y transparente, permitiendo a los empleados y otros actores informar confidencialmente sobre comportamientos indebidos.
Un canal de denuncias es una herramienta interna que permite a los empleados, clientes, proveedores y otros agentes informar sobre actividades sospechosas o inadecuadas dentro de la empresa. Este sistema, gestionado por la propia compañía, asegura la confidencialidad y protege a los denunciantes de posibles represalias.
Las infracciones que pueden ser reportadas a través del canal de denuncias abarcan una amplia gama de comportamientos indebidos, entre los que se incluyen: violencia laboral, como acoso sexual, acoso laboral, discriminación e intimidación; violaciones éticas, tales como acciones que infringen el código de conducta, conflictos de interés y comportamientos poco éticos; prácticas peligrosas y violaciones de normas de seguridad que afectan la seguridad y salud en el trabajo; incumplimiento de contrato, como exceso de horas laborales y tareas no estipuladas en el contrato, y fraudes financieros, incluyendo malversación de fondos, manipulación de estados financieros y sobornos. Cualquier comportamiento que atente contra la dignidad, seguridad, bienestar o integridad de los trabajadores puede ser reportado a través de este canal.
Desde el 1 de diciembre de 2023, la Ley 2/2023 obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a disponer de un canal de denuncias. Este debe cumplir con estrictos requerimientos legales, incluyendo la protección de datos y privacidad conforme al RGPD, garantía de anonimato para el denunciante, disponibilidad a través de múltiples medios (online, telefónicos y presenciales) y archivo seguro y trazabilidad de las denuncias para evitar falsificaciones.
Contar con un canal de denuncias ofrece múltiples beneficios tanto para los empleados como para la empresa. Para los trabajadores, proporciona un medio seguro para reportar infracciones sin temor a represalias, fomentando un ambiente de confianza y protección. Para la empresa, es una herramienta valiosa para identificar y corregir prácticas indebidas, mejorando la ética y transparencia organizacional. Además, fortalece el sentimiento de pertenencia y motivación entre los empleados, favoreciendo la retención de talento.
Las empresas que no implementen un canal de denuncias o hagan un uso negligente del mismo se enfrentan a sanciones significativas, que pueden oscilar entre 100.000 euros y un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La implementación del canal de denuncias en las PYMEs no solo es una obligación legal a partir de diciembre de 2023, sino también una oportunidad para fortalecer la ética y la transparencia dentro de las organizaciones. Aunque inicialmente puede generar recelo, los beneficios a largo plazo para la empresa y sus trabajadores son innegables. Este sistema, bien gestionado, contribuirá a un entorno laboral más justo y seguro, donde la voz de todos los miembros de la organización puede ser escuchada y respetada.
