Este miércoles, el sector agrícola y ganadero de la Comunidad de Madrid volvió a alzar la voz en un acto de protesta que ha puesto en jaque la política y las decisiones comerciales que afectan directamente a sus productores. La concentración se llevó a cabo en uno de los puntos más emblemáticos del centro de Madrid, la Puerta del Sol, lugar que simboliza el corazón de la ciudad, y donde agricultores y ganaderos se dieron cita con pancartas y un mensaje claro: exigen cambios urgentes en las políticas agrícolas y en los tratados internacionales.
La manifestación, que originalmente estaba pautada para finales de enero pero fue suspendida por la nevada que azotó la región, contó con la presencia de representantes de las principales organizaciones del sector, como Asaja Madrid, Ugama, AGIM-COAG, UPA y Cooperativas Agrarias. Dos tractores, símbolo de la producción agrícola, presidieron el acto mientras miles de personas escuchaban un manifiesto en el que se denunciaba la desigualdad de condiciones derivada del reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La principal controversia radica en que el pacto no parece garantizar controles sanitarios equivalentes para los productos importados, poniendo en riesgo la competitividad y la calidad de los productos nacionales.
El sector expresa su preocupación ante lo que consideran una competencia desleal, respaldada por normativa que, a su juicio, favorece a otros países en detrimento de los agricultores y ganaderos españoles. Así lo afirmó Francisco José García, presidente de Asaja Madrid, quien también criticó las crecientes exigencias burocráticas que complican aún más la situación del campo. Para García, el acuerdo con Mercosur beneficia a algunos sectores, pero deja al campo español en desventaja, lo que, en su opinión, puede traducirse en un abandono progresivo de muchas explotaciones.
Por otro lado, Alfredo Berrocal, máximo dirigente de Ugama, calificó el acuerdo como una carga adicional y manifestó que los agricultores españoles se sienten como “pagafantas” de un tratado que, en apariencia, favorece a otros. La preocupación está fundada en que la competencia internacional, con productos que no respetan los mismos estándares, podría terminar por reducir aún más la presencia del sector primario en la región y acelerar el proceso de despoblación rural.
Las demandas del campo madrileño también abordan las políticas internas. Los agricultores y ganaderos reclamaron al Gobierno que deje de estar “sordo” ante sus reivindicaciones, insistiendo en que las políticas agrarias deben adaptarse a la realidad del sector, especialmente en un escenario de aumento de costes, normativas estrictas y competencia globalizada. La reducción del 22% en la Política Agraria Común (PAC), propuesta en la reciente reforma, fue también un punto central del debate, ya que su impacto puede ser decisivo para la supervivencia de muchas explotaciones.
Otra problemática resaltada en la protesta es la dificultad para garantizar la continuidad generacional en el campo. La falta de jóvenes dispuestos a tomar el relevo añade un obstáculo añadido para mantener viva la actividad agrícola en la región, aumento del riesgo de despoblación y deterioro de las tierras rurales.
Además, los agricultores y ganaderos madrileños también expresaron su preocupación por los daños provocados por la fauna silvestre, especialmente las manadas de lobos, que amenazan la seguridad de las explotaciones ganaderas y generan costos adicionales difíciles de asumir para muchas familias dedicadas al sector.
El encuentro en la Puerta del Sol también sirvió para recordar que, a finales de enero, los representantes del sector habían mantenido una reunión con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que le trasladaron sus demandas. Sin embargo, ante la falta de acciones concretas, las organizaciones exigen que se cumpla con la promesa de presentar propuestas firmes y reales que resulten en mejoras sustanciales.
El clima de malestar y la sensación de que las palabras ya no surten efecto en medio de un escenario de crecientes desafíos económicos, regulatorios y sanitarios, se intensifica en las calles madrileñas. La protesta no solo evidencia la fragilidad del sector ante las políticas actuales, sino que también hace un llamado a las autoridades para que prioricen las necesidades del campo y actúen en consecuencia, antes de que la situación se vuelva insostenible para muchos productores que aún luchan por mantener vivo su trabajo y sus tierras.
