La coyuntura internacional marcada por la guerra en Oriente Medio sigue teniendo repercusiones directas en el campo español, especialmente en los sectores de ganadería y agricultura. El bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado un aumento en los precios de los combustibles y sus derivados, una situación que encarece insumos esenciales justo en un periodo clave para la fertilización y el desarrollo de cultivos en primavera.
Frente a estos desafíos, el Gobierno español tomó medidas en marzo mediante un real decreto que contempla más de 80 medidas para mitigar los efectos de los incrementos. Entre ellas, destacan las ayudas al gasóleo agrícola, con una bonificación de 20 céntimos por litro, aplicable entre el 22 de marzo y el 30 de junio, y las subvenciones directas a fertilizantes, que ofrecen 22 euros por hectárea en secano y hasta 55 euros en regadío, con un límite de 300 hectáreas por explotación. Además, se ha anunciado una línea de financiación de 300 millones de euros en créditos ICO avalados por el Estado.
A pesar de las buenas intenciones, las organizaciones agrarias advierten que estas ayudas son insuficientes para afrontar la magnitud de la crisis. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalan que los problemas estructurales del sector requieren un soporte más robusto y específico. La subida en los costos de insumos básicos como el gasóleo, los fertilizantes nitrogenados y los plásticos agrícolas —que han experimentado incrementos superiores al 20%— generan un sobrecoste anual estimado de más de mil millones de euros.
Un punto destacado por las críticas es la exclusión de los plásticos agrícolas de las ayudas, un producto imprescindible para invernaderos, sistemas de riego y almacenamiento, cuya demanda y coste no dejan margen a alternativas inmediatas. COAG propone al Gobierno la creación de una línea específica con un presupuesto mínimo de 45 millones de euros, canalizada a través de cooperativas y almacenes agrarios, que justifique las compras mediante facturas y siga modelos similares a los de los fertilizantes.
En el caso de la apicultura, la situación añade un matiz de desigualdad. La ayuda al gasóleo solo beneficia a quienes utilizan gasóleo B, empleado en maquinaria agrícola y transporte de insumos, pero excluye a los apicultores, que usan gasóleo A en sus vehículos para mover colmenas y explotar sus terrenos. Cerca de 36.000 explotaciones apícolas con más de 3,2 millones de colmenas quedarían fuera de esta ayuda, situación que ha llevado a COAG a solicitar una disposición adicional que reconozca los gastos en gasóleo A como subvencionables, estimando un coste de entre ocho y diez millones de euros para este sector.
Ante la perspectiva de que el conflicto internacional se prolongue, los organismos advierten que las medidas implementadas tendrán una efectividad limitada. Las organizaciones agrarias insisten en que solo con un apoyo mucho más contundente, dirigido a insumos esenciales y con medidas de carácter estructural, podrán evitar que numerosos agricultores y ganaderos se vean empujados al endeudamiento o la desaparición.
Por su parte, el Gobierno ha anunciado que movilizará 5.000 millones de euros a través de un plan integral para responder a la crisis en Oriente Medio, dirigido a proteger a ciudadanos, pymes y sectores clave, incluido el agrícola. Sin embargo, los agricultores y ganaderos recurrentemente alertan que las políticas de ayuda deben ir acompañadas de soluciones de fondo que aborden la raíz de los altos costes y la vulnerabilidad del sector, de modo que puedan mantener su viabilidad en un escenario de crisis continuo.
