En España, la situación del sector cerealista se encuentra en un momento de vulnerabilidad significativa, con más del 60% de las explotaciones perdiendo dinero incluso después de contabilizar las ayudas europeas. Esta realidad evidencia la profunda crisis económica que atraviesa el campo, agravada por factores como los elevados costes de insumos, la dependencia de subvenciones y los desafíos estructurales que enfrentan los agricultores. La complejidad del escenario se acentúa ante una posible reforma de la Política Agraria Común (PAC), que podría reducir en un 20% los pagos directos y condicionar estos recursos a resultados ambientales meditadamente cuantificados.
Los costos de producción han experimentado incrementos sustanciales en los últimos años. Los fertilizantes, por ejemplo, aumentaron hasta un 144% en comparación con 2020, aunque han registrado cierta bajada desde sus picos, aún permanecen un 54% por encima de los niveles prepandemia. La factura eléctrica, por su parte, casi se ha duplicado desde antes de la crisis energética. Sin embargo, los precios percibidos por los agricultores han caído un 6,6% en 2024, haciendo insostenible en muchos casos la rentabilidad de las explotaciones, que se ven aún más afectadas por la dependencia de ayudas públicas que podrían reducirse en los próximos años.
Ante este panorama, expertos y organizaciones agrícolas abogan por la adopción de prácticas de agricultura regenerativa y tecnología de precisión, que no solo pueden reducir los gastos estructurales sino también mejorar la sostenibilidad del sector. Estudios recientes indican que, en los cereales de secano, que superan las 5,7 millones de hectáreas en España, la transición de sistemas tradicionales a modelos basados en rotación de cultivos, cubiertas vegetales y siembra directa, podría transformar los márgenes negativos de -46 euros por hectárea en un rendimiento de más de 87 euros, con una mejora potencial de 133 euros por hectárea y año a partir del cuarto año de implementación.
Esta apuesta por la innovación no solo apunta a la recuperación económica, sino también a la protección del medio ambiente. Los suelos gestionados con técnicas regenerativas pueden capturar entre 2,0 y 2,5 toneladas de CO2 por hectárea anualmente, reducir la erosión en más del 80% y aumentar en un 25% su capacidad de retener agua – un aspecto crucial ante las recurrentes sequías que en 2023 dejaron pérdidas valoradas en 5.550 millones de euros. Además, la implementación de estos sistemas ayuda a revertir el proceso de desertificación, que actualmente afecta al 74% del territorio nacional.
No obstante, la adopción de este nuevo modelo enfrenta obstáculos significativos. La cultura agrícola, arraigada en prácticas tradicionales y en una estructura de costos ajustados, encuentra resistencia al cambio, especialmente en explotaciones dirigidas por agricultores de avanzada edad, con una media que ronda los 60 años, según datos de la asociación agraria COAG. La falta de asesoramiento técnico, la elevada inversión inicial y la escasa relevo generacional constituyen barreras adicionales para la transición.
En este contexto, las instituciones financieras comienzan a ver en la agricultura regenerativa una oportunidad de inversión en un mercado de financiación verde que podría movilizar entre 2.250 y 3.750 millones de euros, respaldado por un creciente apoyo normativo. Las empresas de consumo y distribución también juegan un papel relevante, pues apostar por la sostenibilidad en la cadena de suministro agrícola no solo garantiza mayor resiliencia ante el cambio climático, sino que también permite diferenciar marca en un mercado cada vez más consciente de la huella ambiental.
Desde el gobierno, el presidente Pedro Sánchez anunció la creación de Tierra Joven, una plataforma que facilitará el acceso y movilización de tierras agrícolas para incentivar el relevo generacional y promover la agricultura de conservación. Sin embargo, especialistas advierten que, si bien la innovación y la sostenibilidad son caminos necesarios, sin un acompañamiento técnico adecuado y sin abordar las barreras económicas y culturales, la transformación del campo español podría limitarse a intereses de grandes fondos de inversión, poniendo en riesgo el carácter agrario y social del sector.
En definitiva, el futuro del campo en España pasa por una transformación profunda, integrando prácticas innovadoras que puedan hacer más rentable y resiliente el sector, sin perder de vista la protección del entorno y la generación de empleo, especialmente en un momento en que la sequía y la crisis económica representan desafíos inmediatos y de largo plazo.
