En medio de la creciente adopción de pagos digitales en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) reafirma su apoyo al uso del efectivo. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha expresado su preocupación por la aparición de carteles en comercios que rechazan el efectivo, lo cual, según él, contradice el estatus del euro como moneda de curso legal y restringe la libertad de pago del consumidor.
Para respaldar esta postura, el BCE ha propuesto el Reglamento sobre el curso legal del efectivo. Esta normativa obligará a los comercios a aceptar pagos en efectivo, excepto en casos donde haya un acuerdo explícito para usar otros medios de pago. Además, se prevén sanciones para quienes incumplan esta obligación.
Aunque la pandemia aceleró el descenso del uso del efectivo en la eurozona, donde su participación en volumen de operaciones pasó del 68% en 2019 al 40% en 2024, y en valor del 40% al 24%, el BCE advierte de los riesgos de limitar su aceptación. Sectores vulnerables podrían quedar excluidos, y la dependencia de operadores extranjeros como Visa y Mastercard podría amenazar la autonomía de los pagos en Europa.
El efectivo no solo es estratégico para mantener la soberanía monetaria, sino que también representa resiliencia en momentos de crisis. Ejemplos recientes, como el apagón en la península ibérica, han demostrado su utilidad. En situaciones de incertidumbre, la demanda de efectivo aumenta, resaltando la importancia de mantener una infraestructura robusta de distribución.
El apoyo a esta iniciativa proviene de países con diferentes perfiles. Alemania, que defiende el efectivo como símbolo de autonomía, y Suecia, líder en pagos móviles pero que ha legislado para garantizar la aceptación del efectivo, ven en esta medida una forma de prevenir la exclusión financiera.
En el futuro, la normativa incluirá indicadores para medir el acceso físico al efectivo y permitirá que cada Estado adapte métricas a su realidad. La colaboración entre el BCE y la Comisión Europea busca una transición hacia lo digital que no dañe la infraestructura física del euro ni su aceptación.
La estrategia establece que en la cartera del ciudadano europeo coexistan billetes, monedas y el euro digital, asegurando diversidad, estabilidad del sistema y protección ante riesgos externos.
