El reciente informe del Banco de España ha generado un profundo debate sobre las perspectivas económicas y fiscales del país en los próximos años. Aunque la entidad financiera ha elevado en tres décimas su previsión de crecimiento para 2025, también advierte de un incremento sustancial en el déficit público, principalmente debido al acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para los empleados públicos.
El pacto, que contempla subidas salariales escalonadas durante el período 2025-2027, establece un aumento del 2,5% en 2025, del 1,5% en 2026 —con un posible 0,5% adicional sujeto a la inflación— y una subida del 4,5% en 2027. De alcanzarse en su totalidad, la remuneración de los empleados públicos podría experimentar un incremento acumulado cercano al 5,5% en ese último año. El análisis del Banco de España estima que estas medidas incrementarán el gasto en las cuentas públicas en 0,05 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y 0,37 puntos en 2027.
Este aumento de gasto no pasa desapercibido para las autoridades fiscales y económicas, que alertan sobre su impacto en la sostenibilidad de las finanzas del Estado. La proyección sitúa el déficit en torno al 2,5% del PIB en 2027, cifra que preocupa especialmente por su posible desviación respecto a las metas establecidas para cumplir con las reglas fiscales europeas, las cuales imponen límites estrictos a los niveles endeudamiento y gasto público.
Además del efecto inmediato del pacto salarial, el informe señala que otros factores de gasto importantes, como futuras subidas en las pensiones, mayores inversiones públicas y los pagos por intereses de la deuda, intensificarán la presión sobre las cuentas públicas en los años venideros. La firma del acuerdo, en un contexto de elevada inflación y demandas crecientes por parte de los empleados públicos, ha llevado a que la política salarial constituya uno de los principales desafíos para mantener la estabilidad fiscal.
A pesar de que los ingresos por impuestos —como el IRPF, el IVA y las cotizaciones sociales— mostrarán una tendencia de crecimiento estable, no serán suficientes para compensar el aumento del gasto. Esto obliga a prever ajustes adicionales en el futuro para evitar incumplir los compromisos fiscales internacionales.
El análisis del Banco de España también resalta la importancia de cumplir con las reglas europeas para mantener una política fiscal coherente. La concentración de las subidas salariales en 2027, junto con otras partidas de gasto, podría desviar la senda de sostenibilidad presupuestaria y requerir recortes o medidas correctivas adicionales en ese año, lo cual representa un reto importante para las futuras administraciones.
Por otro lado, en el escenario positivo, el informe señala que la deuda pública, en relación al PIB, podría reducirse a partir de 2025, bajando del 100,6% ese año al 98,3% en 2027, gracias a un crecimiento nominal favorable y a la expectativa de fondos europeos como el NGEU, que se anticipa mantendrán su contribución en torno al 1% del PIB en esos años.
No obstante, el documento advierte que el perfil de gasto derivado del acuerdo salarial requerirá una vigilancia estrecha en los próximos años. La necesidad de realizar ajustes adicionales para mantener la estabilidad fiscal seguirá siendo una prioridad, especialmente a partir de 2027, cuando se espera que las magnitudes del aumento en el gasto público lleguen a su punto máximo y puedan poner en riesgo las metas establecidas por las reglas europeas.
El balance general del informe muestra un panorama de recuperación económica prometedora, pero con claros desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. La política salarial, aunque busca mejorar el poder adquisitivo del sector público, deberá gestionarse con cuidado para evitar desequilibrios fiscales que puedan perjudicar la estabilidad macroeconómica del país en el mediano plazo.
