La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha evaluado este jueves la memoria correspondiente al cumplimiento del acuerdo del 21 de diciembre de 2023, mediante el cual se estableció un porcentaje mínimo de reserva en la contratación municipal para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Este seguimiento ha confirmado un resultado positivo que promueve la inclusión en la contratación pública y fomenta el empleo de personas con discapacidad y de colectivos con dificultades de empleabilidad, según informó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
El informe revela que el mínimo del 3,5 % de reserva para 2024, fijado en 5,8 millones de euros, ha sido efectivamente superado, alcanzando un volumen de ejecución de 10,4 millones de euros, lo que representa un 6,25 % en la ejecución real. En total, se llevaron a cabo 48 contratos socialmente responsables, de los cuales 32 se formalizaron en centros especiales de empleo de iniciativa social y 16 en empresas de inserción. Las áreas de Gobierno y distritos se repartieron 40 de estos contratos, mientras que siete correspondieron a empresas del sector público y uno a organismos autónomos municipales.
Destaca que uno de los sectores con más actividad contractual fue el administrativo, que comprendió labores de auxiliares de información, conserjería y archivo de expedientes, abarcando 18 de los contratos.
El Ayuntamiento de Madrid ha mantenido una tendencia al alza en los contratos socialmente responsables desde 2019, adjudicando un total de 322 contratos en diversos sectores. Este compromiso de promover el empleo inclusivo se refleja en el incremento sostenido del porcentaje reservado a estos contratos, y su importe: en 2021, el porcentaje de reserva se estableció en 2,75 % con 4,35 millones de euros; en 2022, las cifras subieron a un 3 % y 5 millones de euros; en 2023, el porcentaje se amplió a 3,25 % con un presupuesto de 5,4 millones de euros.
Para 2025, el Ayuntamiento ha decidido aumentar la reserva mínima al 3,75 %, con un presupuesto inicial de 6,2 millones de euros. Este esfuerzo continúa marcando un avance en la contratación municipal inclusiva, con una estimación de 52 contratos y un valor aproximado de 10,1 millones de euros para el año venidero. La medida refuerza, así, el compromiso local con el apoyo a los colectivos vulnerables, a través de la contratación pública socialmente responsable.
En cuanto a los centros especiales de empleo de iniciativa social, estos son espacios donde al menos el 70 % de los empleados son personas con discapacidad y cuentan con participación mayoritaria de entidades sin ánimo de lucro, dedicándose a la reinversión total de sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo y mejora de la economía social. Las empresas de inserción, enfocadas en la integración socio-laboral de personas en exclusión social, reinvierten un mínimo del 80 % de sus resultados en mejorar sus estructuras productivas y procesos de inserción. Estas iniciativas tienen como objetivo facilitar la transición al empleo ordinario, subrayando la importancia de generar impacto social desde el ámbito laboral.
