La expansión de las Áreas de Defensa Nacional (NDA) a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México está transformando extensos territorios en zonas controladas por el Ejército. Este proceso, iniciado en abril, ha añadido recientemente dos nuevas áreas en Texas y Arizona, sumándose a otras existentes, lo cual permite a las fuerzas militares realizar arrestos de migrantes, acción tradicionalmente reservada para cuerpos de seguridad civil. Esta militarización, impulsada por Donald Trump durante su segundo mandato, ha provocado protestas de organizaciones legales como el Centro Brennan para la Justicia, que denuncian que la medida evade la Ley Posse Comitatus, al permitir operaciones de seguridad que deberían ser gestionadas por fuerzas civiles.
Aunque la estrategia ha sido efectiva en reducir los cruces ilegales, generando 1.400 arrestos en pocos meses, también ha significado que los migrantes enfrenten cargos federales por intrusión en territorio militar, sumándose a las acusaciones de entrada ilegal al país. En Texas, los terrenos para las NDA han sido facilitados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, dado que el Río Bravo sirve como frontera natural y sus márgenes son mayoritariamente de propiedad privada, complicando iniciativas anteriores como la construcción de muros fronterizos. A pesar de algunas resistencias judiciales y comunitarias, las autoridades continúan con su aplicación, afectando a propietarios de tierras y generando incertidumbre sobre el acceso de estos a sus propiedades.
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