La situación política en España ha alcanzado niveles de controversia sin precedentes, según muestran diversos enfoques críticos hacia el actual Gobierno y su presidente. Las acusaciones de corrupción y abuso de poder son generalizadas, apuntando no solo a la figura del presidente, sino también a su familia y al partido que lidera. Estas alegaciones sugieren que la corrupción supera incluso la de países no democráticos, y que cualquier intento de responsabilización es desestimado como propaganda de la extrema derecha. La gestión de la crisis en Valencia, donde no se aplicaron medidas suficientes para mitigar una tragedia, es vista como un ejemplo de negligencia gubernamental que podría haber evitado pérdidas humanas considerables. Además, decisiones polémicas como la liberación de terroristas al tercer grado sin arrepentimiento cuestionan la sensibilidad del Ejecutivo ante las víctimas del terrorismo.
Las críticas internacionales intensifican la presión sobre el Gobierno, destacando su presunto deterioro de la democracia y su impacto negativo en la posición de España en Europa. Publicaciones influyentes, como The Economist, acusan al presidente de aferrarse al poder en perjuicio de las instituciones democráticas, mientras medios de todo el mundo señalan los múltiples escándalos que afectan a su administración. La retórica del presidente, desprestigiando la oposición y acusándola de prácticas antidemocráticas, es percibida por muchos como una manipulación que proyecta sus propias acciones al adversario. En un ambiente donde la división de poderes parece amenazada y la confianza en las instituciones es baja, las críticas centradas en su liderazgo subrayan la urgencia de un cambio hacia prácticas políticas más transparentes y responsables.
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