Un juez ha imputado por cohecho a un funcionario de un centro penitenciario, tras descubrirse que facilitó un teléfono móvil a una interna. La reclusa, en lugar de usar el dispositivo solo para comunicarse, grabó sus encuentros íntimos con el funcionario. Posteriormente, utilizó estas grabaciones como medio de presión para chantajearlo, buscando obtener un traslado a un penal en Barcelona.
El caso ha generado un gran revuelo en el ámbito penitenciario, ya que expone vulnerabilidades en los protocolos de seguridad y refuerza las preocupaciones sobre la corrupción dentro de las cárceles. El proceso judicial continúa, y tanto el funcionario como la interna enfrentan cargos que podrían llevar a condenas significativas, reflejando la seriedad con que se están manejando estos incidentes de abuso de poder y corrupción.
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