La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado en el Senado una propuesta para trasladar a los consumidores de electricidad un coste adicional, que oscila entre 25,2 millones y 42,5 millones de euros, con la finalidad de compensar a las empresas eléctricas que participaron en la recuperación del suministro tras el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025 en la Península Ibérica. Este evento, que generó una interrupción masiva en el sistema eléctrico, llevó a la entidad reguladora a definir mecanismos específicos para hacer frente a los costos derivados de la reposición del servicio.

Durante su comparecencia en la Cámara alta, la presidenta del organismo, Cani Fernández, explicó que la decisión de repercutir este coste en las facturas de los usuarios responde a la necesidad de establecer un precio de referencia para la recuperación del sistema durante los dos días que el mercado permaneció suspendido. La propuesta contempla que, por cada megavatio hora (MWh) consumido, se aplicará un recargo de entre 10 y 18 céntimos, que será reflejado directamente en las facturas de los aproximadamente 30 millones de usuarios españoles en un plazo máximo de un año.

Fernández agregó que, ante la ausencia de un precio real durante la suspensión, la CNMC ha elaborado una estimación basada en los costes variables del sector, principalmente en el coste marginal del gas natural y las emisiones de CO2. El impacto total estimado de la reposición se sitúa entre 34,3 y 51,6 millones de euros, cifra que ya habría sido parcialmente cubierta mediante mecanismos de liquidación durante la propia interrupción, dejando pendiente la cantidad que finalmente será trasladada a los consumidores.

La asignación de las indemnizaciones a las centrales de generación involucradas en la recuperación se ha organizado en función de los recursos utilizados. De acuerdo con el análisis del regulador, las centrales de ciclo combinado, carbón, hidroeléctricas y bombeo recibirán una compensación que en total sumaría aproximadamente 28,6 millones de euros. En particular, las centrales de gas natural tendrán asignado un precio de 119,49 euros por MWh, por debajo de los 246 euros propuestos previamente por Red Eléctrica de España (REE), ajustándose a parámetros de mercado y sin incluir recargos adicionales relacionados con el precio del gas o las emisiones.

Las hidroeléctricas, que aportaron una generación adicional fuera de su programa habitual, recibirán unos 2,1 millones de euros, mientras que las instalaciones de bombeo y carbón se les asignará un reconocimiento económico de 0,35 y 0,47 millones de euros, respectivamente. En conjunto, la suma de estas compensaciones alcanza los 28,62 millones de euros. Asimismo, aún está por definirse con Francia el coste de la energía importada, que podría oscilar entre 5,6 y 22,9 millones de euros, lo que mantiene el gasto total en un rango de 34,3 a 51,6 millones.

Más allá de los aspectos económicos, la presidenta Fernández aclaró que el informe que prepara la CNMC no señalará responsables directos del apagón, sino que se limitará a ofrecer conclusiones y recomendaciones destinadas a mejorar la infraestructura y la gestión del sistema eléctrico español, así como a fortalecer su competitividad. En ese sentido, se analizarán también los mercados de gas, hidrocarburos, telecomunicaciones y ferroviario, en busca de lecciones aprendidas y medidas preventivas.

En relación con las reclamaciones por daños y perjuicios, Fernández subrayó que la competencia del regulador en materia de gestión del servicio recae en las comunidades autónomas, y que quienes deseen presentar demandas deben acudir a las vías judiciales ordinarias. La CNMC, por su parte, actuará en paralelo, enfocada en la supervisión y formulación de recomendaciones para evitar futuros incidentes.

El evento del 28 de abril puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema eléctrico en Europa, evidenciando la necesidad de establecer mecanismos más eficaces para responder a emergencias de este tipo y garantizar la continuidad del suministro en situaciones extremas. El equilibrio entre la protección del consumidor y la compensación a las empresas energéticas sigue siendo un tema de debate, en una país que trabaja por redefinir su paradigma energético en un contexto de transición y desafíos climáticos.