María Fernández, una madre de 62 años, ha mantenido su vivienda en alquiler en el barrio de Pinar del Rey, Madrid, durante más de dos décadas, con la misma inquilina pagando 650 euros al mes, un precio que considera justo dado su esfuerzo al pagar una hipoteca. Sin embargo, en un contexto donde los alquileres han aumentado, tanto la ministra de vivienda como el arzobispo de la Conferencia Episcopal Española han instado a los propietarios a mostrar solidaridad y reducir precios, sin que estas apelaciones hayan tenido un efecto evidente en el mercado inmobiliario, el cual continúa registrando subidas.
Expertos en el sector destacan que las decisiones individuales de algunos propietarios no parecen influir en el aumento general de precios, y sugieren que la falta de vivienda pública es una de las causas fundamentales del problema. Propietarios como Ana y Aitana han optado por fijar precios de alquiler por debajo de la media en sus respectivos barrios, priorizando la confianza y el bienestar de sus inquilinos sobre el beneficio económico. Sin embargo, la tendencia a maximizar ganancias entre muchos arrendadores continúa dominando el mercado de Madrid, complicando aún más la búsqueda de soluciones al acceso a la vivienda.
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