El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto que pretende garantizar la continuidad de varias medidas económicas y sociales, a pesar de la falta de un presupuesto formal para el nuevo ejercicio fiscal. Este decreto, anunciado por las autoridades gubernamentales, busca mantener financiados programas cruciales que afectan aspectos clave de la economía y bienestar social, desde subvenciones a industrias específicas hasta ayudas directas a familias vulnerables. La decisión ha generado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como en el empresarial, donde algunos sectores lo ven como una acción necesaria para evitar una paralización de servicios esenciales, mientras que otros cuestionan la falta de consenso presupuestario.
La oposición ha criticado fuertemente el recurso al decreto, alegando que la falta de un presupuesto acordado subraya una falla de gestión y diálogo político. Mientras tanto, expertos económicos advierten que, aunque el decreto ofrece una solución temporal, el país necesita un marco presupuestario estable y consensuado que permita planificar a largo plazo. En el contexto actual, con desafíos económicos globales y locales, mantener la estabilidad financiera interna se torna aún más crucial. Sin embargo, el gobierno defiende su estrategia como un paso prudente y necesario para asegurar que no se interrumpan servicios y ayudas vitales para la población y sectores económicos afectados por diversas circunstancias actuales.
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