El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha manifestado su firme decisión de no implementar la tasa conocida como el «basurazo», impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos de toda España. Recuenco argumenta que la normativa de la Unión Europea aconseja la implementación de medidas incentivadoras para promover el reciclaje y no la imposición de gravámenes a los ciudadanos. El «basurazo», según el regidor, responde a un afán recaudatorio, contradiciendo las directrices europeas que evitan mencionar la obligatoriedad de un impuesto similar. En caso de implementarse, la tasa supondría un coste adicional de entre 150 y 200 euros anuales por vivienda en función del tamaño del inmueble y el número de habitantes, lo cual ha generado preocupación acerca de la inseguridad jurídica y la litigiosidad para los ayuntamientos.
Recuenco añadió que, aunque la legislación estatal exige la aplicación de la tasa, no contempla ningún régimen sancionador para quienes decidan no adoptarla. Explica que la directiva solo sugiere medidas económicas que incentiven el reciclaje en lugar de fiscalizar a los ciudadanos. Asimismo, el alcalde criticó que la normativa se elaborara desde el Ministerio de Transición Ecológica y no desde el Ministerio de Hacienda, generando más dudas sobre su viabilidad. A pesar de la presión política y las potenciales amenazas del PSOE sobre multas cuantiosas, Recuenco aseguró que hará todo lo posible para evitar la implementación de dicho gravamen en Leganés, buscando además simplificar la carga burocrática que podría surgir.
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