El Acuerdo Flores, establecido en 1997, sigue siendo un componente crucial de la política migratoria estadounidense, dictando las condiciones de detención y custodia de menores inmigrantes. Surgido a raíz del caso de Jenny Lisette Flores en 1985, el acuerdo fue resultado de una demanda colectiva que destacó las condiciones inadecuadas en las que se mantenía a los menores. Aunque diseñado para ser temporal, el acuerdo permanece vigente debido a la ausencia de regulaciones permanentes, influyendo en distintas administraciones y enfrentándose a intentos de modificación, especialmente durante los mandatos de Donald Trump.

Durante la presidencia de Trump, el Acuerdo Flores enfrentó retos significativos, en particular bajo la política de «tolerancia cero» en 2018, que resultó en la separación familiar en la frontera. Trump intentó modificar el acuerdo para permitir la detención indefinida de familias, pero estas propuestas fueron rechazadas por los tribunales. Su administración argumentó que el acuerdo impedía un control efectivo de la inmigración. A pesar de los intentos de finalizar el acuerdo, sigue siendo defendido por activistas de derechos humanos que advierten sobre las condiciones inadecuadas de detención, mientras se espera una decisión judicial que podría determinar su futuro.

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