Inglaterra ha mantenido su reputación como un refugio seguro para las mujeres españolas que buscan un aborto, una fama que se remonta a la dictadura de Franco. A pesar de los avances en las legislaciones de ambos países, los ecos de esa percepción perduran, como evidencian las reacciones mediáticas provocadas por comentarios recientes de figuras políticas. Actualmente, el gobierno español promueve páginas web que sugieren Inglaterra como la opción a considerar para mujeres que se encuentran más allá de las 22 semanas de gestación, cuando el aborto no es permitido en España en caso de que no haya anomalías en el feto. No obstante, este supuesto acceso fácil al aborto en el Reino Unido es más complicado de lo que parece, ya que, bajo la ley británica, los abortos son técnicamente ilegales y están sujetos a restricciones que se asemejan a las de la ley española de 1985.
La situación se vuelve aún más compleja al considerar que, aunque la despenalización del aborto ha sido un avance significativo en el Reino Unido, las mujeres continúan enfrentándose a delitos derivados de esa legislación decimonónica. Casos como el de Laura, quien fue encarcelada por haber tomado pastillas abortivas bajo presión, revelan las vulnerabilidades del sistema para las mujeres en situaciones difíciles. En este contexto, a pesar de contar con derechos legales en España, muchas mujeres encuentran una paradoja en la dificultad de acceder a clínicas seguras y asequibles. La ley en Irlanda del Norte, paradójicamente, ofrece términos más liberales que la española y se convierte en un tema de debate sobre el acceso equitativo a servicios de salud reproductiva en toda la región.
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