El fiscalista Carlos Neira testificó este martes en el Tribunal Supremo, asegurando que Alberto González Amador, socio de Isabel Díaz Ayuso, le pidió negociar un pacto con la Fiscalía por supuestos delitos contra Hacienda. Esta declaración contradice al propio González Amador, quien días antes había negado conocer las propuestas de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad que incluía admitir los delitos y pagar una multa. Neira afirmó que discutió con su cliente las repercusiones de un acuerdo con la Fiscalía, aunque reconoció que no le compartió el correo enviado al ministerio público, actualmente en el centro de una investigación por filtración atribuida al fiscal general del Estado.
Además, Neira admitió que tuvo contacto con un periodista de EL PAÍS, quien preguntó si González Amador había efectuado un pago para alcanzar el acuerdo con el ministerio público, casi dos días antes de que el correo con la propuesta fuera recibido por García Ortiz. La situación ha generado un nuevo capítulo en el caso, que sigue en desarrollo mientras se investigan las implicaciones y las filtraciones que rodean el proceso legal. La noticia promete futuras ampliaciones dado el alto perfil de los involucrados y su posible impacto en el entorno político.
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