El mercado de la vivienda en Barcelona actúa como un obstáculo significativo para la población migrante, que representa el 30% de los habitantes de la ciudad. El reciente estudio del Instituto Metropoli titulado «Migraciones, vivienda y desigualdades en Barcelona» destaca que el 70% de los migrantes viven de alquiler, en comparación con solo el 20% de los residentes autóctonos. Además, las personas migrantes destinan casi la mitad de sus ingresos a la vivienda y enfrentan un triple riesgo de pobreza en comparación con la población local. Esta desigualdad en el acceso a la vivienda exacerba las disparidades económicas y sociales, según señala el informe, que advierte sobre una polarización social creciente. La falta de acceso a una vivienda adecuada no solo limita el consumo y el ahorro de las familias migrantes, sino que también afecta otras esferas de la vida cotidiana.

El problema se amplifica por una serie de factores interconectados, como la menor estabilidad laboral y la falta de acceso a subsidios económicos. A menudo, la población migrante se ve relegada a empleos en la economía informal, lo que agrava su vulnerabilidad financiera. La discriminación en el mercado de alquiler añade otra capa de dificultad, con prácticas de racismo inmobiliario que impiden a los migrantes acceder a viviendas dignas. Esta situación, que Albert Sales destaca como un reflejo de tendencias más amplias en el Área Metropolitana de Barcelona, resulta en un cóctel letal de menor ingreso, más pobreza y exclusión social, con una alta tasa de sobreendeudamiento entre las familias migrantes. La presión que ejerce el mercado de la vivienda sobre este segmento de la población subraya la necesidad de políticas públicas que aborden estas desigualdades estructurales.

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