En un contexto donde las demandas relacionadas con el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial están en auge, la Sección 1202 de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) ha tomado un protagonismo inesperado. Esta sección, ratificada en 1998, prohíbe la eliminación o modificación de la información de gestión de derechos de autor (CMI), similar a las firmas en pinturas o datos adjuntos a fotografías.
OpenAI y Microsoft, al emplear código de Github como parte del entrenamiento para sus modelos, se enfrentan ahora a demandas de contribuyentes de Github. Estos demandantes señalan que los modelos generaron fragmentos de código nuevos comparables a los suyos, pero sin la CMI original. Sin embargo, no arguyen una infracción directa de derechos de autor, sino que se aferran a la Sección 1202 del DMCA. La problemática estriba en que el nuevo código varía de las obras originales y, según los tribunales estadounidenses, sólo debería aplicarse cuando la CMI se elimina de obras existentes.
El caso se encuentra ahora en manos de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y su decisión podría tener repercusiones amplias, afectando no sólo la tecnología de IA generativa sino también el principio de uso justo. Si los tribunales interpretan la Sección 1202 a favor de los titulares de derechos, ésta podría establecer un derecho de atribución separado, generando responsabilidad incluso en usos considerados justos, siempre que omitan la CMI.
Aunque otras limitaciones en la Sección 1202 podrían proteger a aquellos que realicen un uso justo, el mero riesgo de litigios y las posibles sanciones financieras presionan a los acusados a acordar fuera de juicio. Este escenario ha dado origen a una industria de «cazadores de derechos de autor», lo cual no beneficia la creatividad ni la innovación.
Un reciente documento argumenta que el texto de la Sección 1202 no respalda una interpretación tan amplia, ya que se centra en «obras» y «copias de obras», no en fragmentos similares o nuevas adaptaciones. Esto sugiere que el Congreso eligió conscientemente no redactar la ley para castigar la omisión de la CMI en reutilizaciones legítimas.
Con el creciente volumen de obras protegidas por derechos de autor, otorgar un nuevo poder sobre el uso justo podría ser contraproducente. La Corte Suprema ha indicado que los derechos de autor funcionan como un «impuesto sobre los lectores» para incentivar a los escritores, pero sólo debería imponerse cuando la ley lo demande claramente.
