La Policía de San Francisco enfrenta una creciente controversia tras revelarse la compartición de datos de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con agencias federales y de otros estados. La Fundación Electrónica Fronteriza (EFF) y la ACLU del Norte de California han denunciado esta práctica, señalando que viola la ley californiana y pone en riesgo a los conductores de la ciudad, especialmente a inmigrantes y personas que buscan servicios de aborto.
Las organizaciones enviaron cartas al Departamento de Policía de San Francisco para solicitar registros bajo la Ordenanza Sunshine, tras conocerse un informe que reveló el acceso directo de agencias externas a la base de datos de ALPR. Se descubrió que al menos 19 búsquedas se relacionaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que agencias de estados como Georgia y Texas, conocidos por sus estrictas leyes de atención reproductiva, también accedieron a los datos.
Los lectores ALPR capturan movimientos de vehículos, almacenando la información en una base de datos consultable. Actualmente, la policía opera 415 cámaras ALPR proporcionadas por Flock Safety. Desde 2016, la ley californiana prohíbe compartir datos con agencias fuera del estado o federales, especialmente si son usadas en la aplicación de leyes de inmigración.
El informe indica que fuerzas del orden de otros estados realizaron 1.6 millones de búsquedas. La EFF y la ACLU han exigido una auditoría exhaustiva y la implementación de protocolos para asegurar el cumplimiento legal. Además, piden medidas disciplinarias contra empleados responsables de compartir datos ilícitamente.
Aunque la policía afirma que las agencias externas no tienen más acceso, no han aclarado cómo se permitió inicialmente o las medidas para prevenir futuros incumplimientos. Grupos de derechos civiles advierten que muchas agencias en California ignoran leyes, comprometiendo información sensible mientras agencias federales ejecutan controles migratorios y otros estados refuerzan restricciones reproductivas. La obligación de agencias californianas es proteger los derechos de sus residentes, sin importar el reconocimiento de estos derechos en otras jurisdicciones.
